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Ofrece Guanajuato a comunidades indígenas, acceso pleno a representación legal adecuada.

San Miguel de Allende, Gto. a 03 de junio de 2022. El Gobierno del Estado de Guanajuato a través del personal de la Dirección General de Desarrollo Humano y Comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, así como la Dirección de Defensoría Pública Penal de la Secretaría de Gobierno participaron en la octava sesión ordinaria del Consejo Estatal Indígena llevada a cabo en las instalaciones del Centro Guanajuato Contigo Sí “Las Cuevitas” en el municipio de San Miguel de Allende.

El objetivo de la sesión, fue plantear las bases para la creación de una “Guía para la Defensa Penal de Personas Indígenas” que respete sus usos y costumbres y que permita garantizar la defensa penal de todas las personas indígenas en el estado.

A la reunión se presentaron los trece representantes de los pueblos indígenas de Guanajuato; quienes conforman el Consejo Estatal Indígena, la Mtra. María de Montserrat Ramírez Fuentes; Directora General de Desarrollo Humano y Comunitario, en representación del Arq. J. Jesús Oviedo Herrera, así como Lic. Lorena del Rosario Saucedo Pérez; Directora de la Defensoría Pública Penal del Estado.

Durante el desarrollo de la sesión, los representantes indígenas intercambiaron opiniones y sugerencias relacionadas con sus usos y costumbres, sus autoridades tradicionales y sus mecanismos comunitarios para resolver conflictos, mismas que fueron registrados por personal de la Defensoría Pública Penal del Estado.

El estado de Guanajuato existe 13 pueblos indígenas presentes en 96 localidades, en las que se hablan el idioma Úza ‘ y Hñohño en los municipios Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Xichú.

Se continúa trabajando para en próximos días contar con la “Guía para la Defensa Penal de Personas Indígenas”.  Se espera durante el mes de junio.

Con acciones como esta, el gobierno del Estado busca garantizar los derechos de las comunidades indígenas.

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